Por Francisco López Bárcenas
El 26 de noviembre pasado, un señor de nombre Ulises Ruiz, el mismo que se dice gobernador de Oaxaca mientras se mantiene en el poder sólo por la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) y el apoyo del gobierno federal, se paseó por el andador turístico de la capital del estado, donde un día antes la PFP había reprimido brutalmente una manifestación popular que pedía su salida de ese puesto. Ahí, con ánimo triunfante, declaró que el estado estaba volviendo a la normalidad. La mayoría de los ciudadanos interpretó sus palabras como una más de sus bravuconadas y no le hicieron el menor caso, sin darse cuenta de que el señor no estaba informado de la situación política en que se encontraba Oaxaca, sino anunciando que la represión desatada desde el inicio de su gobierno seguiría como algo normal. Los hechos así lo confirman.
Durante seis meses de lucha popular han muerto alrededor de 20 personas, decenas se encuentran desaparecidas, 300 han sido privadas de su libertad de manera ilegal y otro tanto se encuentra en peligro de perderla porque contra ellas se han librado órdenes de aprehensión con acusaciones delictivas armadas a modo. A todo lo anterior se debe agregar que días antes de las declaraciones de Ulises Ruiz, los mandos de la PFP habían reconocido que se encontraban en el estado en una misión de ocupación, y que la posible solución a la rebelión popular y pacífica ya no corría por cauces políticos, sino militares; que las policías estatal y municipales estaban fuera del control de los organismos encargados de controlarlos.
Pero eso no es todo. Son muchas las voces que denuncian la existencia de grupos parapoliciacos vestidos de civil, que transportados en camionetas sin placas recorren la capital levantando cuanta persona les parece sospechosa; que la Procuraduría General de Justicia en el estado ha implementado "fiscalías especiales" que se presentan en cualquier lugar para detener "en flagrancia" a quienes consideran enemigos del gobernador. Y si alguien considera que lo anterior no muestra claramente la "normalidad oaxaqueña" agréguele que hay personas que hablan de fosas clandestinas, de una lista en manos de policías con fotografías de personas que tienen que detener sin importar donde se encuentren.
No le falta razón al apoderado legal de la Iglesia católica en el estado al afirmar que en Oaxaca se suspendieron de facto las garantías individuales; ni el pintor Francisco Toledo miente cuando afirma que el estado se encuentra al borde de la guerra civil. Para someter al movimiento popular el gobierno federal estrechó sus alianzas políticas con lo más antidemocrático y corrupto del priísmo estatal y juntos han implementado una guerra sucia fuera de toda legalidad y respeto de los derechos humanos elementales, por más que disfracen sus acciones con el falso discursos de la defensa del estado de derecho. Todo para que el señor Ulises se siga ostentando gobernador, aunque sólo sea para proclamar que el estado ha vuelto a la normalidad. Aunque visto desde otro ángulo, puede que no sea sólo para eso, pues bien podría ser para que el recién estrenado gobierno federal muestre claramente su estilo de gobierno durante los próximos seis años.
Pero no todo está acabado. A pesar de que el miedo desmovilizó por unos días a la sociedad oaxaqueña y las organizaciones políticas ven más por su seguridad que por la de los ciudadanos que creyeron en ellas, poco a poco comienzan a aparecer por muchas partes diversas voces que protestan por el estado de cosas, que para ellas no son normales. Los familiares y amigos de los detenidos, desaparecidos y asesinados son los más visibles, pero no los únicos.
De gran importancia es el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca que sesionó en la capital del estado durante los últimos días de noviembre, en medio de un cerco policiaco. Los delegados de las comunidades y organizaciones indígenas que en él participaron acordaron regresar a sus comunidades, tomar un respiro, fortalecer sus autogobiernos, tejer lazos regionales y después volver a la lucha; sin olvidar que dentro de los compromisos inmediatos está la lucha por que cese la represión, se libere a los presos y aparezcan los desaparecidos.
Desgraciadamente para el gobierno, su normalidad no es la de la mayoría de los oaxaqueños y éstos no están dispuestos a vivir permanentemente en la corrupción, la antidemocracia, la injusticia y la pobreza.
El 26 de noviembre pasado, un señor de nombre Ulises Ruiz, el mismo que se dice gobernador de Oaxaca mientras se mantiene en el poder sólo por la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) y el apoyo del gobierno federal, se paseó por el andador turístico de la capital del estado, donde un día antes la PFP había reprimido brutalmente una manifestación popular que pedía su salida de ese puesto. Ahí, con ánimo triunfante, declaró que el estado estaba volviendo a la normalidad. La mayoría de los ciudadanos interpretó sus palabras como una más de sus bravuconadas y no le hicieron el menor caso, sin darse cuenta de que el señor no estaba informado de la situación política en que se encontraba Oaxaca, sino anunciando que la represión desatada desde el inicio de su gobierno seguiría como algo normal. Los hechos así lo confirman.
Durante seis meses de lucha popular han muerto alrededor de 20 personas, decenas se encuentran desaparecidas, 300 han sido privadas de su libertad de manera ilegal y otro tanto se encuentra en peligro de perderla porque contra ellas se han librado órdenes de aprehensión con acusaciones delictivas armadas a modo. A todo lo anterior se debe agregar que días antes de las declaraciones de Ulises Ruiz, los mandos de la PFP habían reconocido que se encontraban en el estado en una misión de ocupación, y que la posible solución a la rebelión popular y pacífica ya no corría por cauces políticos, sino militares; que las policías estatal y municipales estaban fuera del control de los organismos encargados de controlarlos.
Pero eso no es todo. Son muchas las voces que denuncian la existencia de grupos parapoliciacos vestidos de civil, que transportados en camionetas sin placas recorren la capital levantando cuanta persona les parece sospechosa; que la Procuraduría General de Justicia en el estado ha implementado "fiscalías especiales" que se presentan en cualquier lugar para detener "en flagrancia" a quienes consideran enemigos del gobernador. Y si alguien considera que lo anterior no muestra claramente la "normalidad oaxaqueña" agréguele que hay personas que hablan de fosas clandestinas, de una lista en manos de policías con fotografías de personas que tienen que detener sin importar donde se encuentren.
No le falta razón al apoderado legal de la Iglesia católica en el estado al afirmar que en Oaxaca se suspendieron de facto las garantías individuales; ni el pintor Francisco Toledo miente cuando afirma que el estado se encuentra al borde de la guerra civil. Para someter al movimiento popular el gobierno federal estrechó sus alianzas políticas con lo más antidemocrático y corrupto del priísmo estatal y juntos han implementado una guerra sucia fuera de toda legalidad y respeto de los derechos humanos elementales, por más que disfracen sus acciones con el falso discursos de la defensa del estado de derecho. Todo para que el señor Ulises se siga ostentando gobernador, aunque sólo sea para proclamar que el estado ha vuelto a la normalidad. Aunque visto desde otro ángulo, puede que no sea sólo para eso, pues bien podría ser para que el recién estrenado gobierno federal muestre claramente su estilo de gobierno durante los próximos seis años.
Pero no todo está acabado. A pesar de que el miedo desmovilizó por unos días a la sociedad oaxaqueña y las organizaciones políticas ven más por su seguridad que por la de los ciudadanos que creyeron en ellas, poco a poco comienzan a aparecer por muchas partes diversas voces que protestan por el estado de cosas, que para ellas no son normales. Los familiares y amigos de los detenidos, desaparecidos y asesinados son los más visibles, pero no los únicos.
De gran importancia es el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca que sesionó en la capital del estado durante los últimos días de noviembre, en medio de un cerco policiaco. Los delegados de las comunidades y organizaciones indígenas que en él participaron acordaron regresar a sus comunidades, tomar un respiro, fortalecer sus autogobiernos, tejer lazos regionales y después volver a la lucha; sin olvidar que dentro de los compromisos inmediatos está la lucha por que cese la represión, se libere a los presos y aparezcan los desaparecidos.
Desgraciadamente para el gobierno, su normalidad no es la de la mayoría de los oaxaqueños y éstos no están dispuestos a vivir permanentemente en la corrupción, la antidemocracia, la injusticia y la pobreza.
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