Chenalho, Chis., 22 de diciembre. Cientos de habitantes del municipio de Chenalhó conmemoraron el noveno aniversario de la matanza de indígenas de la comunidad de Acteal. Los sobrevivientes de la masacre de 45 personas consideraron que el hecho "ha quedado en el olvido oficial, mientras los autores intelectuales siguen libres".
En una emotiva ceremonia mezcla de los rituales católicos e indígenas, los presentes rezaron ante la tumba de los integrantes de la organización civil Las Abejas que perdieron la vida el 22 de diciembre de 1997 a manos de un grupo paramilitar.
La ceremonia religiosa estuvo presidida por los obispos de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, Felipe Arizmendi y Enrique Díaz.
Allí, los sobrevivientes emitieron un pronunciamiento en que resaltan que el autor intelectual de los hechos fue el Estado mexicano, que orquestó la conformación de grupos paramilitares para detener el avance de las comunidades simpatizantes con la causa zapatista.
"Los planes de la masacre fueron diseñados por el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) y operada por el entonces general de la Séptima Región Militar, Enrique Cervantes Aguirre", dijeron.
Recordaron que policías del entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro estaban apostados en las orillas de la comunidad al momento del ataque y no hicieron nada por impedirlo, y posteriormente recogieron los cadáveres e intentaron borrar las evidencias.
"Hoy la justicia de Acteal está a medias, los crímenes siguen en la impunidad porque los que investigaron son los mismos que planearon la masacre, y los autores intelectuales siguen libres", sostuvieron.
Por ello exigieron se acabe el "olvido oficial en que ha caído la lucha por la justicia contra los que masacraron a nuestros compañeros, y se reabran las investigaciones".
En ese contexto, el gobernador Juan Sabines Guerrero anunció la creación de una fiscalía especial para investigar los hechos, así como reabrir los expedientes de los que fueron sentenciados y revisar los casos de quienes esperan condena por estos hechos.
"No es una venganza, sino que se trata de hacer justicia. Nos corresponde a todos y en primer lugar a las autoridades democráticas realizar los esfuerzos necesarios para que la ley sea aplicada", sostuvo el mandatario.
El jueves, los abogados Ana Laura Magaloni Kerpel y Alejandro Posadas Urtusuástegui, del Centro de Investigación y Docencia Económica anunciaron que retomarán la defensa de los actuales detenidos.
De las 124 personas que en un inicio fueron acusadas de la masacre, 41 fueron exoneradas y 83 acusadas del delito de homicidio. De estos últimos, seis fueron declarados inocentes, 25 condenados a 36 años de cárcel y el resto espera sentencia.
Los juristas indicaron que pedirán la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues consideraron que muchos de los detenidos son inocentes.
En una emotiva ceremonia mezcla de los rituales católicos e indígenas, los presentes rezaron ante la tumba de los integrantes de la organización civil Las Abejas que perdieron la vida el 22 de diciembre de 1997 a manos de un grupo paramilitar.
La ceremonia religiosa estuvo presidida por los obispos de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, Felipe Arizmendi y Enrique Díaz.
Allí, los sobrevivientes emitieron un pronunciamiento en que resaltan que el autor intelectual de los hechos fue el Estado mexicano, que orquestó la conformación de grupos paramilitares para detener el avance de las comunidades simpatizantes con la causa zapatista.
"Los planes de la masacre fueron diseñados por el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) y operada por el entonces general de la Séptima Región Militar, Enrique Cervantes Aguirre", dijeron.
Recordaron que policías del entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro estaban apostados en las orillas de la comunidad al momento del ataque y no hicieron nada por impedirlo, y posteriormente recogieron los cadáveres e intentaron borrar las evidencias.
"Hoy la justicia de Acteal está a medias, los crímenes siguen en la impunidad porque los que investigaron son los mismos que planearon la masacre, y los autores intelectuales siguen libres", sostuvieron.
Por ello exigieron se acabe el "olvido oficial en que ha caído la lucha por la justicia contra los que masacraron a nuestros compañeros, y se reabran las investigaciones".
En ese contexto, el gobernador Juan Sabines Guerrero anunció la creación de una fiscalía especial para investigar los hechos, así como reabrir los expedientes de los que fueron sentenciados y revisar los casos de quienes esperan condena por estos hechos.
"No es una venganza, sino que se trata de hacer justicia. Nos corresponde a todos y en primer lugar a las autoridades democráticas realizar los esfuerzos necesarios para que la ley sea aplicada", sostuvo el mandatario.
El jueves, los abogados Ana Laura Magaloni Kerpel y Alejandro Posadas Urtusuástegui, del Centro de Investigación y Docencia Económica anunciaron que retomarán la defensa de los actuales detenidos.
De las 124 personas que en un inicio fueron acusadas de la masacre, 41 fueron exoneradas y 83 acusadas del delito de homicidio. De estos últimos, seis fueron declarados inocentes, 25 condenados a 36 años de cárcel y el resto espera sentencia.
Los juristas indicaron que pedirán la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues consideraron que muchos de los detenidos son inocentes.
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