Carlos Fazio.
Tras la llegada al gobierno de Felipe Calderón se ha iniciado una nueva fase en la guerra de baja intensidad en Chiapas. En el contexto de una militarización acelerada de la vida pública nacional, el renovado proyecto contrainsurgente en Chiapas adquiere modalidades propias ante el avance y consolidación de los municipios autónomos zapatistas en resistencia.
Definido como el "enemigo interno", el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases de apoyo son el blanco de una nueva escalada de violencia en curso instrumentada por la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que participan distintos cuerpos policiales de nivel federal y estatal, y que cuenta, además, con la reactivación de antiguas estructuras paramilitares y la presencia in situ de elementos de los cuerpos de paz estadunidenses.
El objetivo encubierto es la "recuperación" del territorio en poder de los zapatistas. Es decir, la tierra y sus intereses: petróleo, gas, energía eléctrica, biodiversidad, agua dulce, maderas, uranio y la posibilidad de instrumentar megaproyectos depredadores al servicio del gran capital nacional y extranjero. La nueva etapa del conflicto tiene que ver con el anuncio de Calderón de que "revivirá" el Plan Puebla Panamá (PPP), que junto con la segunda fase del Plan Colombia y la Iniciativa de Integración de la infraestructura Regional de Sur América (IIRSA), forman parte de los esfuerzos geoestratégicos de Estados Unidos con vista a una restauración autoritaria de su hegemonía en América Latina para la competencia interimperialista con los megabloques de Europa y Asia-Pacífico.
El resurgimiento y nuevo protagonismo de grupos paramilitares que irrumpieron en la geografía chiapaneca durante la gubernatura de Patrocinio González Garrido, y crecieron y se desarrollaron durante las gestiones de Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén, como Los Chinchulines, Paz y Justicia y MIRA, todos de filiación priísta, reconvertidos hoy en la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) y la Unión Regional Campesina Indígena (URCI), habla de una relación de causalidad entre las desigualdades sociales y la violencia política.
La continuidad del modelo de arrasamiento de los últimos cuatro gobiernos neoliberales necesita del uso de la fuerza para proteger intereses económicos o para intentar transformarlos. Es a ese esquema de dominación autoritaria y clasista que resultan funcionales los grupos paramilitares. Su tarea es lograr, mediante la violencia, el desplazamiento forzoso de las bases de apoyo zapatistas para propiciar una relatifundización del territorio. Si el plan de desterritorialización avanza, la "privatización"de la seguridad y el consecuente dominio paramilitar redundará en una reconcentración de la tierra en pocas manos. Por lo que se trata, en rigor, de una contrarreforma agraria violenta a favor de grupos transnacionales, que requieren la "liberación" del territorio para someterlo a la lógica del mercado.
Las estrategias de violencia institucional y parainstitucional, iniciadas en 1995, son un aspecto fundamental en el desarrollo de los planes de ocupación territorial y garantía armada de los megaproyectos diseñados para Chiapas por el gran capital. En la dinámica económica trasnacional, la apropiación violenta del espacio y la gente adquieren, unívocamente, su resignificación como mercancía.
En la actualidad, en los espacios controlados por los municipios autónomos zapatistas se afirma el derecho a la vida, al territorio, a la autodeterminación, a la organización, a la resistencia popular, a la identidad cultural.
Resistir es negarse a aceptar las propuestas de inclusión de su pensamiento, de su voluntad, de sus sentidos de representación en el mundo ocupado, no habitado, por perspectivas de agronegocios, obras de infraestructura y explotación de recursos naturales. Precisamente, porque dicha cultura de resistencia obstruye la mercantilización de la vida, los poderes fácticos recurren al sitiamiento militar-paramilitar, con apoyo visible en el terreno de la Policía Sectorial, la Agencia Estatal de Investigación, la Agencia Federal de Investigación, la Policía Federal Preventiva, las policías municipales y las redes de inteligencia del Cisen.
La clase dominante sabe que a través de la fuerza o de los mecanismos de seducción mercantil se deterioran y corroen los cimientos de la identidad. Por eso, de nueva cuenta, en la guerra contrainsurgente en curso utilizan a indígenas contra indígenas. En la coyuntura, los paramilitares de la Opddic y la URCI están siendo utilizados como invasores o despojadores. Su acción violenta contra los zapatistas (invasiones de tierras, secuestros, golpizas, incendios de aldeas, destrucción de milpas, robo de maíz,) y la amenaza de desatar una nueva fase del terrorismo de Estado en Chiapas servirán como mecanismos para la apropiación y legalización de la tierra por parte de neolatifundistas y agroindustriales voraces.
La aspiración es que, como ocurre en Colombia bajo el control del presidente de los paramilitares, Alvaro Uribe, el círculo de la desterritorialización se cierre con la legalización de lo obtenido en la ilegalidad, mediante la violencia. La ofensiva neoliberal en Chiapas ocurre en el contexto de una violenta recomposición de fuerzas en el interior del actual Estado mafioso de dominación, signado por la militarización del país, los atisbos de mano dura calderonista y la salida a las calles de una ultraderecha beligerante hegemonizada por los sectores más reaccionarios de la jerarquía de la Iglesia católica.
Tras la llegada al gobierno de Felipe Calderón se ha iniciado una nueva fase en la guerra de baja intensidad en Chiapas. En el contexto de una militarización acelerada de la vida pública nacional, el renovado proyecto contrainsurgente en Chiapas adquiere modalidades propias ante el avance y consolidación de los municipios autónomos zapatistas en resistencia.
Definido como el "enemigo interno", el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases de apoyo son el blanco de una nueva escalada de violencia en curso instrumentada por la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que participan distintos cuerpos policiales de nivel federal y estatal, y que cuenta, además, con la reactivación de antiguas estructuras paramilitares y la presencia in situ de elementos de los cuerpos de paz estadunidenses.
El objetivo encubierto es la "recuperación" del territorio en poder de los zapatistas. Es decir, la tierra y sus intereses: petróleo, gas, energía eléctrica, biodiversidad, agua dulce, maderas, uranio y la posibilidad de instrumentar megaproyectos depredadores al servicio del gran capital nacional y extranjero. La nueva etapa del conflicto tiene que ver con el anuncio de Calderón de que "revivirá" el Plan Puebla Panamá (PPP), que junto con la segunda fase del Plan Colombia y la Iniciativa de Integración de la infraestructura Regional de Sur América (IIRSA), forman parte de los esfuerzos geoestratégicos de Estados Unidos con vista a una restauración autoritaria de su hegemonía en América Latina para la competencia interimperialista con los megabloques de Europa y Asia-Pacífico.
El resurgimiento y nuevo protagonismo de grupos paramilitares que irrumpieron en la geografía chiapaneca durante la gubernatura de Patrocinio González Garrido, y crecieron y se desarrollaron durante las gestiones de Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén, como Los Chinchulines, Paz y Justicia y MIRA, todos de filiación priísta, reconvertidos hoy en la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) y la Unión Regional Campesina Indígena (URCI), habla de una relación de causalidad entre las desigualdades sociales y la violencia política.
La continuidad del modelo de arrasamiento de los últimos cuatro gobiernos neoliberales necesita del uso de la fuerza para proteger intereses económicos o para intentar transformarlos. Es a ese esquema de dominación autoritaria y clasista que resultan funcionales los grupos paramilitares. Su tarea es lograr, mediante la violencia, el desplazamiento forzoso de las bases de apoyo zapatistas para propiciar una relatifundización del territorio. Si el plan de desterritorialización avanza, la "privatización"de la seguridad y el consecuente dominio paramilitar redundará en una reconcentración de la tierra en pocas manos. Por lo que se trata, en rigor, de una contrarreforma agraria violenta a favor de grupos transnacionales, que requieren la "liberación" del territorio para someterlo a la lógica del mercado.
Las estrategias de violencia institucional y parainstitucional, iniciadas en 1995, son un aspecto fundamental en el desarrollo de los planes de ocupación territorial y garantía armada de los megaproyectos diseñados para Chiapas por el gran capital. En la dinámica económica trasnacional, la apropiación violenta del espacio y la gente adquieren, unívocamente, su resignificación como mercancía.
En la actualidad, en los espacios controlados por los municipios autónomos zapatistas se afirma el derecho a la vida, al territorio, a la autodeterminación, a la organización, a la resistencia popular, a la identidad cultural.
Resistir es negarse a aceptar las propuestas de inclusión de su pensamiento, de su voluntad, de sus sentidos de representación en el mundo ocupado, no habitado, por perspectivas de agronegocios, obras de infraestructura y explotación de recursos naturales. Precisamente, porque dicha cultura de resistencia obstruye la mercantilización de la vida, los poderes fácticos recurren al sitiamiento militar-paramilitar, con apoyo visible en el terreno de la Policía Sectorial, la Agencia Estatal de Investigación, la Agencia Federal de Investigación, la Policía Federal Preventiva, las policías municipales y las redes de inteligencia del Cisen.
La clase dominante sabe que a través de la fuerza o de los mecanismos de seducción mercantil se deterioran y corroen los cimientos de la identidad. Por eso, de nueva cuenta, en la guerra contrainsurgente en curso utilizan a indígenas contra indígenas. En la coyuntura, los paramilitares de la Opddic y la URCI están siendo utilizados como invasores o despojadores. Su acción violenta contra los zapatistas (invasiones de tierras, secuestros, golpizas, incendios de aldeas, destrucción de milpas, robo de maíz,) y la amenaza de desatar una nueva fase del terrorismo de Estado en Chiapas servirán como mecanismos para la apropiación y legalización de la tierra por parte de neolatifundistas y agroindustriales voraces.
La aspiración es que, como ocurre en Colombia bajo el control del presidente de los paramilitares, Alvaro Uribe, el círculo de la desterritorialización se cierre con la legalización de lo obtenido en la ilegalidad, mediante la violencia. La ofensiva neoliberal en Chiapas ocurre en el contexto de una violenta recomposición de fuerzas en el interior del actual Estado mafioso de dominación, signado por la militarización del país, los atisbos de mano dura calderonista y la salida a las calles de una ultraderecha beligerante hegemonizada por los sectores más reaccionarios de la jerarquía de la Iglesia católica.
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