R. Aída Hernández Castillo*
La política de criminalización de los movimientos sociales que ha caracterizado a los gobiernos panistas nos ha llevado a familiarizarnos con números que hacen referencia a presos políticos o con los eufemismos que los describen como "desestabilizadores sociales" o grupos "radicales que atentan contra el Estado de derecho". Las detenciones masivas y sin órdenes de aprensión, de manifestantes o simples transeúntes, han tenido como objetivo sembrar el terror y desestimular la participación política. La detención de 207 personas en Atenco, en mayo de 2006, y de 141 personas en octubre y noviembre de ese mismo año durante las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) son parte de esta renovada estrategia gubernamental de desarticulación de los movimientos sociales.
Las detenciones masivas y el uso de la violencia sexual durante los desalojos despertaron la indignación de un amplio sector de la sociedad que se manifestó públicamente contra la represión. Los presos políticos se fueron liberando a cuentagotas, muchas veces reconociendo la falta de cargos y la arbitrariedad de sus detenciones. Poco a poco, la opinión pública se fue silenciando y la "normalización" de la situación ha conllevado la indiferencia en torno a los presos políticos, a pesar de que a casi un año de la represión en Atenco, 29 de los 207 detenidos continúan presos, al igual que 64 de los detenidos en Oaxaca.
Las cifras nos han hecho olvidarnos que se trata de vidas que han sido truncadas. ¿Quién le va a reponer a Mariana Selvas los 11 meses de vida que le han robado injustamente encarcelándola? El 4 de mayo se cumplirá un año de su detención, y contra todas las pruebas judiciales, el gobierno del PAN ha decidido convertirla en una rehén más en su campaña contra los movimientos sociales.
Mariana Selvas era una brillante estudiante de etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) cuando fue injustamente apresada en San Salvador Atenco. Su único delito fue tratar de ayudar a las víctimas del desalojo policiaco como integrante del equipo salud de la otra campaña y asistente de su padre, el doctor Guillermo Selvas. Al igual que varios de los detenidos, llegó a Atenco en la madrugada del 4 de mayo, respondiendo al llamado a la solidaridad del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. A ella y a su padre les tocó atender al estudiante de economía Alexis Benhumea y ver con impotencia cómo la falta de recursos médicos lo fue sumiendo en un estado de coma, que a los pocos días lo conduciría a la muerte.
Sus compañeros de la ENAH la recuerdan durante los recorridos de la otra campaña, combinando su apoyo práctico en salud con su tarea cómo investigadora social documentando las necesidades de los pueblos. Su objetivo era elaborar un diagnóstico que le permitiera hacer una propuesta alternativa de salud. Paralelamente, Mariana realizaba su tesis de licenciatura sobre la historia de vida de Magdalena García Durán, dirigente mazahua de las indígenas migrantes en la ciudad de México. Paradójicamente, la vida unió el destino de estas dos mujeres, pues Magdalena estaba con ella cuando se les dio aviso del desalojo violento contra los integrantes del Frente y fue también apresada bajo cargos falsos. Ninguna de las dos participó en el enfrentamiento con las fuerzas policiacas, ambas llegaron a Atenco movidas por la solidaridad, cuando la violencia gubernamental ya había cobrado varias víctimas. Una y otra están siendo acusadas, sin prueba alguna, de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación, delitos mayores por los que no tienen derecho a fianza.
Aun a costa de poner en peligro su propia integridad física, Mariana fue de las primeras mujeres presas en denunciar las violaciones sexuales cometidas por las fuerzas gubernamentales y las agresiones que sufrió durante su detención. Fue ella quien denunció que las autoridades del Ministerio Público se rehusaron a tomar sus declaraciones con el objeto de que las pruebas físicas de las violaciones se borraran. Su conmovedor testimonio, junto con los de las estudiantes extranjeras deportadas, dieron la vuelta al mundo y pusieron en evidencia las falacias de la democracia mexicana. Su valor ha sido castigado con 11 meses de cárcel, que pueden convertirse en años si no se logra presionar políticamente para obtener justicia.
Romper el silencio y confrontar con la denuncia las estrategias "normalizadotas" que pretenden ocultar el dolor y la impunidad tras cifras y discursos sobre paz social, puede ser una alternativa viable para lograr su liberación y la de los otros presos políticos de Atenco y Oaxaca.
* Doctora en antropología e investigadora del CIESAS
La política de criminalización de los movimientos sociales que ha caracterizado a los gobiernos panistas nos ha llevado a familiarizarnos con números que hacen referencia a presos políticos o con los eufemismos que los describen como "desestabilizadores sociales" o grupos "radicales que atentan contra el Estado de derecho". Las detenciones masivas y sin órdenes de aprensión, de manifestantes o simples transeúntes, han tenido como objetivo sembrar el terror y desestimular la participación política. La detención de 207 personas en Atenco, en mayo de 2006, y de 141 personas en octubre y noviembre de ese mismo año durante las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) son parte de esta renovada estrategia gubernamental de desarticulación de los movimientos sociales.
Las detenciones masivas y el uso de la violencia sexual durante los desalojos despertaron la indignación de un amplio sector de la sociedad que se manifestó públicamente contra la represión. Los presos políticos se fueron liberando a cuentagotas, muchas veces reconociendo la falta de cargos y la arbitrariedad de sus detenciones. Poco a poco, la opinión pública se fue silenciando y la "normalización" de la situación ha conllevado la indiferencia en torno a los presos políticos, a pesar de que a casi un año de la represión en Atenco, 29 de los 207 detenidos continúan presos, al igual que 64 de los detenidos en Oaxaca.
Las cifras nos han hecho olvidarnos que se trata de vidas que han sido truncadas. ¿Quién le va a reponer a Mariana Selvas los 11 meses de vida que le han robado injustamente encarcelándola? El 4 de mayo se cumplirá un año de su detención, y contra todas las pruebas judiciales, el gobierno del PAN ha decidido convertirla en una rehén más en su campaña contra los movimientos sociales.
Mariana Selvas era una brillante estudiante de etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) cuando fue injustamente apresada en San Salvador Atenco. Su único delito fue tratar de ayudar a las víctimas del desalojo policiaco como integrante del equipo salud de la otra campaña y asistente de su padre, el doctor Guillermo Selvas. Al igual que varios de los detenidos, llegó a Atenco en la madrugada del 4 de mayo, respondiendo al llamado a la solidaridad del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. A ella y a su padre les tocó atender al estudiante de economía Alexis Benhumea y ver con impotencia cómo la falta de recursos médicos lo fue sumiendo en un estado de coma, que a los pocos días lo conduciría a la muerte.
Sus compañeros de la ENAH la recuerdan durante los recorridos de la otra campaña, combinando su apoyo práctico en salud con su tarea cómo investigadora social documentando las necesidades de los pueblos. Su objetivo era elaborar un diagnóstico que le permitiera hacer una propuesta alternativa de salud. Paralelamente, Mariana realizaba su tesis de licenciatura sobre la historia de vida de Magdalena García Durán, dirigente mazahua de las indígenas migrantes en la ciudad de México. Paradójicamente, la vida unió el destino de estas dos mujeres, pues Magdalena estaba con ella cuando se les dio aviso del desalojo violento contra los integrantes del Frente y fue también apresada bajo cargos falsos. Ninguna de las dos participó en el enfrentamiento con las fuerzas policiacas, ambas llegaron a Atenco movidas por la solidaridad, cuando la violencia gubernamental ya había cobrado varias víctimas. Una y otra están siendo acusadas, sin prueba alguna, de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación, delitos mayores por los que no tienen derecho a fianza.
Aun a costa de poner en peligro su propia integridad física, Mariana fue de las primeras mujeres presas en denunciar las violaciones sexuales cometidas por las fuerzas gubernamentales y las agresiones que sufrió durante su detención. Fue ella quien denunció que las autoridades del Ministerio Público se rehusaron a tomar sus declaraciones con el objeto de que las pruebas físicas de las violaciones se borraran. Su conmovedor testimonio, junto con los de las estudiantes extranjeras deportadas, dieron la vuelta al mundo y pusieron en evidencia las falacias de la democracia mexicana. Su valor ha sido castigado con 11 meses de cárcel, que pueden convertirse en años si no se logra presionar políticamente para obtener justicia.
Romper el silencio y confrontar con la denuncia las estrategias "normalizadotas" que pretenden ocultar el dolor y la impunidad tras cifras y discursos sobre paz social, puede ser una alternativa viable para lograr su liberación y la de los otros presos políticos de Atenco y Oaxaca.
* Doctora en antropología e investigadora del CIESAS
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